Exigen el cambio de prisión preventiva por el de comparecencia simple.

Las familias de los comunicadores sociales implicados en el proceso de corrupción La Centralita piden que el Poder Judicial varíe por comparecencia restringida la orden de prisión preventiva de 18 meses que dictó contra estas personas y así puedan afrontar las investigaciones en libertad porque aseguran que sus seres queridos son inocentes.

Los familiares que se apostaron hoy frente a la Corte Superior de Justicia del Santa, sostuvieron que creen en la inocencia de Kelly Pineda Bermúdez, Felipe Bermudez Mendieta, Ingrid Casas Calderón y Lleana Corcuera Reyes, periodistas y comunicadores sociales que laboraron para el gobierno regional y quienes integrarían la supuesta organización criminal liderada por el fiscal Laureano Añanca,

“Mi hija no está dispuesta a acogerse a la confesión sincera porque no tiene nada qué decir; ella solo trabajaba y nada más. Además, hemos visto que no hay las garantías necesarias en este proceso”, sostuvo Carlos Corcuera, padre de LLeana Corcuera.

Margarita Bermúdez Mendieta denunció que se está cometiendo un abuso contra su hermano Felipe Bermudez, jefe de imagen de la Subregión Pacífico, quien, según dijo, desestimó de acogerse al beneficio de la confesión sincera porque el Ministerio Público no le otorga las garantías necesarias.

En otro momento, la madre de Kelly Pineda Bermudez y la tía de Ingrid Casas Calderón, pidieron con carteles en mano que la prisión preventiva se cambie a comparecencia ya que, aseguran, no hay pruebas que las incriminen. (Deivis Castro)

Suspendido presidente regional podría ser condenado a 35 años de prisión.

El suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, ya se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Piedras Gordas I, en el distrito de Ancón, cárcel donde cumplirá prisión preventiva de hasta tres años por el caso del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.

La agencia Andina informó que Álvarez ingresó al mencionado centro penitenciario a las 16:42 horas, a bordo de una furgoneta del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en medio de fuertes medidas de seguridad.

El suspendido funcionario fue trasladado de la carceleta del Palacio de Justicia hacia el penal de Piedras Gordas, en Ancón, en cumplimiento de una orden judicial.

Para evitar que la prensa observe la salida de la autoridad, el Inpe colocó una manga de tela en la salida de la carceleta del Palacio de Justicia.

Álvarez es acusado de los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por el asesinato del ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco.

Por lo anterior, afronta una posible condena de 35 años de cárcel.

La antes máxima autoridad de Áncash enfrentará las investigaciones en prisión preventiva por 36 meses, dispuesta por el Segundo Juzgado Penal Nacional.

Junto a Álvarez también han sido recluidos en Piedras Gordas el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas; así como Juan Manuel Garay Obregón, Jhonny Saavedra Acosta, Cristhian Cruzate Pereda y Rubén Moreno Olivo, acusados del delito de homicidio calificado por ser los autores materiales del asesinato. También, Víctor Julio López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, estos últimos dirigentes de gremios de construcción civil.

(Con datos y fotos de Andina y Perú21)

Los ochos procesados por el crimen de Nolasco quedarán recluidos en cárcel de máxima seguridad.

Asunto decidido. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Pérez Guadalupe, informó que el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, será trasladado esta tarde al penal de Piedras Gordas I, ubicado en Ancón.

Pérez Guadalupe refirió que la decisión del traslado a Piedras Gordas I fue tomada por una junta de clasificación autónoma y conformada por abogados, psicólogos y una asistenta social que, en base a una cartilla, otorgan un puntaje considerando el tema de la peligrosidad.

El traslado del suspendido presidente regional de Áncash, denunciado por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, se realizará entre las 4 y 5 de la tarde de hoy.

Junto a Álvarez serán recluidos en Piedras Gordas I, el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas; así como Juan Manuel Garay Obregón, Jhonny Saavedra Acosta, Cristhian Cruzate Pereda, Rubén Moreno Olivo; y los sindicalistas Víctor Julio López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, por los mismos cargos.

El juez Walter Sánchez a cargo del Segundo Juzgado Penal Nacional, dictó en la madrugada del domingo, la detención preventiva por un periodo de 36 meses para César Álvarez y otros siete implicados en el asesinato del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco.

(Con datos de Andina)

Junto con Álvarez, recibieron orden de prisión preventiva por 36 meses por crimen de Nolasco.

El alcalde provincial Luis Arroyo Rojas también deberá pasar 36 meses de prisión preventiva por el caso del asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco Campos, con lo que se sepulta cualquier opción de que la autoridad vuelva a gobernar en la comuna.

En una sesión maratónica, de más de 17 horas, esta madrugada, el Segundo Juzgado de la Sala Penal Nacional determinó que Arroyo sea internado en un establecimiento penitenciario procesado por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, luego de que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado acusara al alcalde provincial de haber sido autor intelectual del crimen.

Para el Ministerio Público, Arroyo es el segundo cabecilla de la supuesta red criminal que opera en Áncash y, junto con César Álvarez Aguilar, habría planeado y ordenado el asesinato de Nolasco, ocurrido el 14 de marzo.

El Poder Judicial también ha ordenado carcelería para el burgomaestre, por un plazo de 18 meses, por el caso de corrupción La Centralita.

“GORO” IRÁ PRESO

Además de Álvarez y Arroyo, el juez Walter Sánchez ordenó que otras seis personas también afronten bajo prisión preventiva la investigación por el sonado asesinato: los exdirigentes de Construcción Civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra; Rubén Moreno Olivo, más conocido como “Goro”; Juan Manuel Garay Obregón, “Huachanito”; Yonny Rómulo Saavedra Acosta; Cristian Cruzate Pereda, “Colombiano”; estos dos últimos acusados de ser los autores materiales del crimen.

El Juzgado analizó la situación legal de otras 12 personas, pero determinó que estas sean procesadas en libertad, entre ellas figuran el exaliado de Álvarez, Juan Calderón Altamirano, y los periodistas Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares. No obstante, estas personas tienen orden de prisión preventiva por 18 meses por su implicancia en el caso La Centralita.

(Redacción El Ferrol)

(Fotos: Andina)

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decidirá recién mañana lunes en qué penal será recluido el presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien afrontará bajo mandato de prisión preventiva la investigación por el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco.

El jefe de la entidad, José Luis Pérez Guadalupe, precisó que aún no se sabe a qué cárcel será enviado el suspendido funcionario ni si esta será de máxima seguridad. “No podemos adelantarnos”, señaló tras explicar que una junta de clasificación estudiará la situación de Álvarez antes de tomar una decisión.

Estimó que el lunes por la tarde se ejecutaría el traslado del procesado al establecimiento penitenciario que le corresponda.

CRITERIOS

En ese sentido, agregó que la junta evaluará los delitos que se le imputan a Álvarez –por este caso, la Fiscalía lo acusa de homicidio calificado –, así como sus antecedentes y otros detalles de índole personal. Luego será entrevistado para hacer los descargos que crea pertinentes.

El suspendido titular de la región Áncash fue conducido esta madrugada a la carceleta del Poder Judicial luego de una audiencia que se prolongó por más de 14 horas. En la sesión, reiteró que es inocente y que no huirá de la justicia.

“Ahora hay en la carceleta (del Poder Judicial) más de 50 internos, recién después de la clasificación se procede al traslado (…) Calculo que se le estará llevando por la tarde al penal que le corresponda”, agregó Pérez Guadalupe en diálogo con RPP.

(Con datos de Perú21)

Poder Judicial dispuso que afronte proceso de investigación en un penal de máxima seguridad.

El otrora poderoso presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, atraviesa su peor hora. El Segundo Juzgado de la Sala Penal Nacional determinó esta madrugada que el suspendido titular de la región afronte hasta 36 meses de prisión preventiva para la investigación por el asesinato del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco.

Tras más de 14 horas de audiencia, el juez encargado del caso, Walter Sánchez, declaró fundado el pedido de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público, que se aplicará también para el exalcalde del Santa, Luis Arroyo, reportó RPP.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Contra el Crimen Organizado, Manuel Castro, dijo que las pruebas obtenidas demuestran que Álvarez formó una organización criminal y usó recursos públicos para contratar y reclutar personas que realizaron "actos delincuenciales".

Aseguró, además, que Álvarez "se aprovechó" de su condición de presidente regional para iniciar actividades destinadas a realizar cobros o diezmos por licitaciones y para eliminar, a través de esta organización, a sus opositores.

SANGRE

Según afirmó el fiscal, previo al asesinato de Nolasco, ocurrido este año, dicha organización ordenó el asesinato de José Luis Sánchez Milla y el primer atentado contra el propio Nolasco, donde murió su hijo político.

Durante la diligencia, la suspendida autoridad ancashina solicitó la palabra y precisó que no fue capturado, sino que se entregó de manera voluntaria a la justicia al no tener nada que temer" y ser "inocente".

En la audiencia también se analizó los casos de 20 presuntos implicados, entre ellos Álvarez.

El suspendido titular ancashino ya afrontaba 18 meses de prisión preventiva por la investigación del caso La centralita. Álvarez se encuentra en la carceleta de Palacio de Justicia a la espera de que se determine en qué penal cumplirá la prisión preventiva por estos 36 meses, es decir tres años.

(Con datos de Andina y El Comercio)