¿Algo cubren?: Fiscalía se niega a investigar a Álvarez por lavado de activos
Hace un año no se resuelve queja para investigar a suspendida autoridad, denuncia procuradora.
La procuradora contra el Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Julia Príncipe Trujillo, reveló que hace un año el Ministerio Público no resuelve una queja que interpuso tras el archivamiento de una investigación por lavado de activos contra el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez.
La defensora del Estado contó que el 11 de junio de 2013 presentó la queja, luego de que el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Hernán Quispe Rodríguez, mandó al archivo la investigación contra Álvarez. Además, Quispe declaró nulo un primer recurso de queja sobre ese mismo caso.
"Es inconcebible que haya transcurrido un año desde que la Procuraduría presentó una queja y no se haya resuelto", dijo Príncipe en el programa "Sin peros en la lengua". De acuerdo con la ley, la Fiscalía tiene un plazo no mayor de tres días para resolver dicho recurso, tiempo que, evidentemente, no se cumplió.
"El fiscal Quispe declaró improcedente la queja. El argumento fue que había sido interpuesta fuera del plazo de ley. Frente a eso, remitimos documentación acreditando que lo habíamos hecho dentro del plazo; sin embargo, no obtuvimos respuesta", dijo Príncipe.
Refirió que hasta en tres oportunidades la Fiscalía de Huaraz archivó las investigaciones que hicieron contra el hoy detenido presidente regional. Todas por el mismo delito que vincularía a una red de 56 testaferros.
¿BLINDAJE?
La procuradora señaló que, al no encontrar respuesta a su queja, le remitió un oficio al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. "El año pasado, en setiembre, le doy cuenta a Peláez de todos estos hechos. En un oficio le anexo todos los antecedentes. Y, sin embargo, no obtengo respuesta", dijo.
Contó que también están investigando al empresario Rodolfo Orellana, sindicado por la Procuraduría Anticorrupción de formar parte de la red criminal de Álvarez.
"Los presuntos delitos que se le imputan a Orellana son tráfico de tierras y estafas", afirmó la procuradora.
Reveló que existirían nexos entre Orellana y Peláez Bardales. Según contó Príncipe, la empresa Coopex, de propiedad de Orellana, tiene como uno de sus socios a Daniel Ramsay Romero, ex asesor del ex fiscal de la Nación.
(Con datos de El Comercio)