Encargatura de la Presidencia y Vicepresidencia se mantiene en la incertidumbre.

El pleno del Consejo Regional de Áncash se reunirá este viernes para discutir la situación del procesado presidente regional César Álvarez Aguilar, recluido en el penal Piedras Gordas I acusado de homicidio; y del vicepresidente Florencio Román Reyna, quien se halla prófugo tras la orden de prisión que se dictó en su contra por el caso La Centralita.

El presidente del Consejo Regional de Áncash, Fulgencio Ayala López, hizo el anuncio y refirió que en esta sesión extraordinaria se discutirá la suspensión de las máximas autoridades de Áncash, algo que no se pudo concretar en la convocatoria del pasado jueves 5, porque estuvo mal planteada.

“Estamos convocando para el próximo viernes a una sesión extraordinaria con agenda única de discutir la suspensión del presidente y vicepresidente regional, decisión que hemos adoptado porque tenemos que darle oportunidad de defensa a los involucrados”, declaró Ayala a la prensa huaracina.

Al respecto, el abogado municipalista Julio César Castiglioni, en una entrevista con Áncash Noticias, recordó a los consejeros que el ente que puede suspender o dejar sin efecto las credenciales otorgadas al presidente y vicepresidente regional es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También opinó que si los consejeros votan para elegir entre ellos a las nuevas autoridades, este acto sería irregular pues aún el Poder Judicial no ha ratificado la prisión preventiva dictada contra Álvarez y Román.

La Región se encuentra sin presidente regional desde el pasado 16 de mayo, cuando Álvarez Aguilar fue recluido por orden del Segundo Juzgado Penal Nacional, por el caso Nolasco.

Quien ya había sido designado sucesor provisional de Álvarez, Florencio Román, se dio a la fuga cuando supo que había recaído sobre él una orden de prisión preventiva hasta por 18 meses por el caso La Centralita, dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa.

Precisamente, en la sesión ordinaria que el pleno del Consejo Regional de Áncash desarrolló hoy, se denegó la solicitud de licencia que Román presentó un día después de recibir mandato de prisión.

(Redacción El Ferrol)

Esta vez, magistrado decidirá situación legal de presunto testaferro de consejero Espinal.

Para mañana, a las 6 de la tarde, está programada la que puede ser la última audiencia de pedido de prisión preventiva que se ventile en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa por el caso La Centralita.

En esta diligencia, el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará la situación legal del sobrino del consejero regional Martín Espinal Reyes, Darwin Espinal Adriano. A este se le imputa integrar la presunta red de corrupción instaurada en Áncash y, de este modo, ser el testaferro del cuestionado consejero por Pallasca pues constituyó empresas constructoras sin contar con la suficiente capacidad económica que lo justifique.

DECISIÓN

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, instancia mayor del Poder Judicial, determinará en una semana, aproximadamente, si procede o no la transferencia del caso La Centralita en el ámbito judicial, según lo ha estimado el propio juez Concepción Carhuancho. Es por ello que, mañana podría encabezar su última audiencia en este caso.

En lo que respecta al Ministerio Público, el traslado de las investigaciones de “La Centralita” fue aprobado hace tres días y el caso ya se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con sede en Lima.

Ambas transferencias, tanto de la carpeta fiscal, como del expediente judicial, fueron solicitadas por la Procuraduría Nacional.

El cambio de fiscal del caso fue dispuesto por el titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, quien deberá nombrar al fiscal que asumirá las investigaciones.

Para ello se prevé crear un tercer despacho en las fiscalías supraprovinciales anticorrupción, que coordina el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejo.

Hasta ahora, había dos despachos supraprovinciales anticorrupción, uno atendido por el fiscal Walter Delgado Tovar y otro por Hamilton Castro. Un tercer fiscal se sumará a ellos para atender el caso La Centralita.

EN SUSPENSO

Corresponderá a este nuevo despacho fiscal pronunciarse respecto a la situación jurídica de un grupo de siete personas para las que la Fiscalía aún no sustenta el pedido de prisión preventiva. Una de ellas es Milagros Asián Barahona, esposa del suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. También debe pronunciarse sobre las acusaciones contra los implicados Danilo Meléndez Ponce, Jorge Chang Soto, Gisella Katya Saavedra Toro, Ericka Melissa Boza Palacios, Antonio Boza Flores y Felipe Bermúdez Mendieta.

DATO

A la fecha, son 45 las personas que afrontan mandato de prisión preventiva dictado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria por el caso La Centralita.

(Redacción El Ferrol)

Sala evaluará recurso presentado por defensa, tras decisión de juez Concepción Carhuancho.

El Poder Judicial resolverá mañana el recurso de apelación presentado por la defensa del suspendido presidente regional César Álvarez Aguilar, contra la orden de prisión preventiva que se dictó a dicho procesado por el caso La Centralita.

La prisión fue dispuesta por un plazo de 18 meses (un año y medio) por el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho.

El pasado 28 de mayo, el juez dispuso la reclusión de Álvarez –y cinco personas más- por su presunta implicancia en el sonado caso La Centralita. La defensa apeló la resolución judicial y mañana, a las 5 de la tarde, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que preside Walter Sánchez Lomparte, resolverá si desestima o da a lugar dicha apelación.

La orden de prisión preventiva ha sido dictada para un total de 45 personas y ya ha sido apelada por la mayoría de los procesados sometidos a esta medida, pero, según fuentes de la Corte de Justicia, mañana solo se atenderá al pedido de apelación del suspendido presidente regional.

DATO

En el caso de que Álvarez consiga anular la orden de prisión por el proceso La Centralita, aún deberá permanecer recluido en el penal Piedras Gordas I por los 36 meses de prisión preventiva que dictó en su contra el Segundo Juzgado Penal Nacional, por ser el presunto autor intelectual del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.

(Deivis Castro)

Congresistas recaban información sobre denuncias contra fiscal de la Nación, cuestionado por actuación en sonado caso.

El fiscal de la Nación Ramos Heredia tiene mucho qué explicar. La Comisión de Fiscalización del Congreso evalúa abrir una investigación al máximo magistrado, tras los cuestionamientos que recaen en su contra por su actuación en el caso La Centralita y por haberse reunido con el controvertido abogado limeño Rodolfo Orellana Rengifo.

Según la Procuraduría Anticorrupción, Orellana Rengifo sería parte de la red criminal que lideraría el detenido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Por estas razones, la Comisión que preside el congresista Vicente Zeballos advirtió que podría iniciar un proceso de investigación a Ramos Heredia. “Por mandato expreso de la Constitución, todo asunto de interés público es investigado por Fiscalización. Estamos recabando los antecedentes y la información reciente para ir perfilando la posibilidad de abrir un proceso indagatorio contra Ramos Heredia”, dijo Zeballos en Canal N.

NEGABA REUNIÓN

Recientemente, el fiscal de la Nación se vio obligado a admitir ante la comisión congresal que investiga la corrupción en Áncash que sí había recibido en su despacho a Orellana, pese a haberlo negado antes públicamente.

Dicho encuentro dejó “anonadada” a la procuradora Julia Príncipe Trujillo, quien recordó que el Ministerio Público archivó tres veces una denuncia por lavado de activos contra Álvarez Aguilar.

Ramos Heredia es cuestionado además por haber recomendado investigar, cuando era jefe de Control Interno del Ministerio Público, a los magistrados que investigaban el caso La Centralita. Según alegó en ese momento, dichos exmagistrados habrían incurrido en abuso de autoridad en agravio del congresista Heriberto Benítez y del Estado.

(Con datos de Perú21)