La falta de arraigo domiciliario fue el principal argumento para que un juez de Huaraz acceda al pedido del Ministerio Público. Ocho funcionarios y una empresaria recibieron la misma medida coercitiva.

“Hay indicios de que es una persona violenta y no comunicó la desaparición de la agraviada”, dijo la jueza, al sustentar su decisión.

El Ministerio Público realiza el pedido tras encontrar “suficientes elementos graves y fundados” del delito de colusión agravada. Fiscal a cargo dice que recibe amenazas.

Magistrado es acusado de abuso de autoridad por permitir la golpiza al periodista Carlos Enríquez y no auxiliarlo, en una diligencia fiscal que él conducía.