Por decisión del Poder Judicial, Juan Calderón pasó de denunciante a denunciado en investigación de red criminal.

En la más reciente audiencia del caso La Centralita, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa declaró fundado el pedido de prisión preventiva para el ‘ex comando’ Juan Calderón Altamirano, quien, paradójicamente, revelara en el 2011 la existencia del presunto centro de operaciones ilícitas de la Región. Sus propias declaraciones ante las autoridades hundieron al excolaborador alvarista.

Es que, al hacer la denuncia, Calderón testimonió que había presenciado pagos indebidos a periodistas. Su versión fue sumada a la información que brindó el colaborador eficaz N° 001-2014 y a otros elementos de convicción que, sustentó la Fiscalía, evidencian la participación del procesado como el “nexo” entre el suspendido presidente regional César Álvarez y policías y fiscales dentro de la organización criminal.

PIEZA CLAVE

A la medida máxima de 18 meses de prisión preventiva también ha sido sometida la gerenta municipal de la comuna provincial del Santa, Pamela Bermúdez Rodríguez, quien habría sido pieza clave en el financiamiento de la organización criminal aprovechando el cargo que hasta hace unos años ostentaba como gerenta de la Subregión Pacífico.

Por su lado, el efectivo asignado por el Estado para brindar seguridad a Álvarez, Hugo Mayo Cortez, sería el encargado de recibir dinero para el pago a los miembros que custodiaban el inmueble de La Centralita; mientras que el procesado exgerente de Chinecas Arnulfo Moreno Corales, dio la venia para que personal del proyecto labore en La Centralita. Ambos también recibieron 18 meses de prisión preventiva durante la audiencia de ayer que se extendió por largas horas.

Finalmente: en un penal de máxima seguridad, el expolicía Ricardo Patiño Marmanillo deberá afrontar este proceso por presunta corrupción. El agente policial, según la Fiscalía, se encargaba de ocultar las evidencias policiales que pesaban en contra de Álvarez. Actualmente, se encuentra en calidad de prófugo por su implicancia en el crimen de Ezequiel Nolasco Campos.

Esta es la lista de procesados con orden de prisión preventiva de 18 meses, por disposición del titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho.

• César Álvarez Aguilar (detenido)
• Jorge Burgos Guanilo (clandestinidad)
• Nelson Vásquez Baca (detenido)
• Juan Espinoza Linares (detenido)
• Sandor Renilla Horna (orden de prisión)
• Rosa Olivares de la Cruz (orden de prisión)
• Luis Arroyo Rojas (detenido)
• Martín Belaunde Lossio (orden de prisión)
• Hernán Molina Trujillo (detenido)
• Víctor Cerna Baes (orden de prisión)
• Luis Arroyo Guevara (orden de prisión)
• José Arqueros Chávez (orden de prisión)
• Patricia Cárdenas Ávalos (orden de prisión)
• Kelly Pinedo Bermúdez (orden de prisión)
• Víctor Revilla Yengle (orden de prisión)
• Ingrid Casas Calderón (orden de prisión)
• María Burgos Guanilo (orden de prisión)
• Julio Minchola Chumioque (orden de prisión)
• Florencio Román Reyna (orden de prisión)
• Abel Sánchez Cruz (orden de prisión)
• Milagros Medina Moncada (orden de prisión)
• María Acosta Sánchez (orden de prisión)
• Carlos Crisólogo Saavedra (orden de prisión)
• Lleana Corcuera Reyes (orden de prisión)
• Rafaela López Pineda (orden de prisión)
• Juan Cortes Bravo (orden de prisión)
• Modesto Mondragón Becerra (detenido)
• Víctor López Padilla (detenido)
• Rusbell López Sánchez (detenido)
• José Luis Carmen Ramos (detenido)
• Evaristo Chauca Huete (orden de prisión)
• Juan Calderón Altamirano (detenido)
• Pamela Bermúdez Rodríguez (orden de prisión)
• Hugo Mayo Cortez (detenido)
• Arnulfo Moreno Corales (orden de prisión)
• Ricardo Patiño Marmanillo (clandestinidad)

(Foto y texto: Deivis Castro)

Descarta presiones políticas en casos que involucran a suspendido presidente regional.

“Pueden hablar lo que quieran, hay libertad de expresión, derecho a ‘pataleo’, etcétera. Al Poder Judicial solo le preocupa que se respeten los derechos fundamentales de las personas, nada más”. Así de tajante fueron las expresiones del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, quien hoy descartó que en su institución exista algún tipo de presión política para encarcelar y sentenciar al suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Esto tras las recientes declaraciones de algunos miembros de la familia Álvarez, quienes aseguraron que existe presión política hacia ese poder del Estado para supuestamente perjudicar a la autoridad regional.

Días atrás se anunció prisión preventiva de 18 meses a César Álvarez para ahondar en las investigaciones que se le siguen por el caso La Centralita, local que funcionaba en Chimbote y que habría servido para las acciones ilícitas de una presunta mafia liderada por la polémica autoridad regional.

El suspendido presidente regional también es acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del exconsejero regional de Áncash y opositor político, Ezequiel Nolasco, y por este caso se encuentra recluido en Lima.

(Con datos de Andina)

Tras solicitar la prisión preventiva de Álvarez, magistrado denuncia amenazas.

El fiscal encargado del caso La centralita Laureano Añanca Chumbe invocó a los investigados que tienen orden de captura por los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, que se entreguen a la justicia.

Hasta el momento, son 31 las personas con orden de captura para afrontar el proceso judicial en un establecimiento penitenciario y por un plazo de 18 meses. De este grupo, se encuentran en poder de las autoridades, en Lima, el presidente regional César Álvarez Aguilar, el alcalde provincial Luis Arroyo Rojas, los dirigentes de construcción civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón, además de los periodistas Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares, entre otros, pero por su implicancia en el crimen del ex consejero Ezequiel Nolasco Campos.

AMENAZADO

En otro momento, el fiscal Añanca denunció hoy amenazas en su contra a propósito de las investigaciones por “La Centralita”, por las cuales solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva de al menos 50 personas, entre ellas Alvárez.

Añanca dijo que las amenazas que recibió fueron de manera indirecta, aunque precisó que cuenta con seguridad policial.

"De manera directa no, pero sí en forma indirecta, es evidente", indicó en declaraciones a Canal N, durante el reinicio de la audiencia del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Santa.

‘PRIMERA DAMA’

Esta sala, que ya dictaminó la orden de detención preventiva contra varios de los investigados, debe resolver también si acepta o no el pedido de prisión preventiva para Milagros Asián, esposa del detenido César Álvarez.

Añanca indicó que la esposa Álvarez es "partícipe de los hechos" investigados en el caso "la centralita", desde donde se realizaron campañas de desprestigio contra opositores al gobierno regional con recursos públicos.

(Con datos de Andina)

Dirigentes obreros serán recluidos en penal de máxima seguridad por caso La Centralita.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso 18 meses de prisión preventiva, por el caso La Centralita, contra Víctor López Padilla, Modesto Mondragón Becerra, José Carmen Ramos, Evaristo Chauca Huete y Rusbell López Sánchez. Con ellos ya son 31 las personas que serán procesadas desde la cárcel por este sonado caso judicial.

El juez Richard Concepción Carhuancho decidió que los dirigentes de Construcción Civil, Víctor López y Modesto Mondragón, sean recluidos en un penal de máxima seguridad, tras hallar graves elementos de convicción de delitos que, al final del proceso, superarían los cuatro años de condena. Además, se consideró que existe peligro de fuga y de obstrucción del proceso de investigación.

ROLES

Víctor López y Modesto Mondragón serían el “brazo armado” de la supuesta red criminal que operaba al interior de La Centralita, y costeaban las marchas proselitistas a favor del presidente regional César Álvarez Aguilar con dinero proveniente de los diezmos de las obras. Los delitos por los que se les acusa son peculado y asociación ilícita para delinquir.

José Carmen Ramos sería el encargado de realizar los cobros ilegales de diezmos y de costear con ese dinero las prendas y electrodomésticos repartidos en la pasada campaña electoral de César Álvarez y del congresista Heriberto Benítez. Los delitos motivo de su proceso son peculado y asociación ilícita para delinquir.

Evaristo Chauca Huete habría sido el encargado de captar personas para las movilizaciones a cambio de dinero que costeaban los dirigentes o por cupos de trabajo en obras públicas. Además fue uno de los que “limpió” las evidencias en el inmueble conocido como La Centralita, en la urbanización La Caleta, donde estaba instalado dicho centro de operaciones antes del allanamiento del 2011. Los delitos que deberá afrontar Chauca son peculado y asociación ilícita.

Russell López Sánchez, por su parte, es acusado de ser el presunto testaferro de José Burgos Guanilo y del detenido alcalde provincial Luis Arroyo Rojas. También participaba en las reuniones que se desarrollaban en el edificio La Centralita. Será procesado desde el penal por los tres delitos que señaló la Fiscalía de Chimbote: peculado, asociación ilícita y lavado de activos.

López, Mondragón y Carmen Ramos se encuentran recluidos en la sede de la Dirección de Investigación Criminal en Lima por orden del titular del Tercer Juzgado Penal Nacional, Marco Tejada Ortiz, que investiga el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos. (Deivis Castro)

Ministerio Público concluye acusación formal y solicitaría prisión preventiva de autoridad.

El Ministerio Público solicitaría la prisión preventiva del presidente regional César Álvarez Aguilar, esta vez por el delito de homicidio calificado en agravio del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos. El fiscal Manuel Castro Sánchez formalizará, en las próximas horas, la denuncia penal contra la detenida autoridad, lo que agravará aún más su situación legal.

Álvarez tiene ya un mandato de prisión en contra por el delito de asociación ilícita para delinquir por el caso La Centralita.

En el dictamen fiscal del caso Nolasco, al que tuvo acceso la prensa nacional, Álvarez figura como autor intelectual del crimen de su principal opositor, quien murió baleado por el sicario Joel Cruzate, ‘Colombiano’, en Huacho, el 14 de marzo.

‘Colombiano’ delató a Álvarez Aguilar en su último testimonio al equipo especial de la Dirincri, al señalar que el titular de Áncash pagó S/. 30 mil por matar a Nolasco.

Pero, la Policía también presentó como pruebas contundentes algunos audios de conversaciones telefónica interceptadas, donde Álvarez hablaría sobre los homicidios de sus oponentes y otras actividades ilícitas que realizaba.

La acusación será remitida al titular del segundo Juzgado Penal Nacional, Walter Sánchez, quien deberá programar una audiencia pública para evaluar la denuncia fiscal.

(Con datos de Perú21)

JNE abre proceso de infracción contra titular del pliego por 'marketear' obras en época electoral.

El Gobierno Regional de Áncash (GRA) será investigado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por infringir las normas y difundir publicidad estatal en periodo electoral.

El JNE informó que ya abrió un procedimiento contra el titular del pliego de la Región por este hecho y recordó que el pasado 24 de enero, fecha en que se convocó a las próximas elecciones municipales y regionales del 5 de octubre, quedó prohibida la emisión de mensajes publicitarios en todas las instancias del Estado.

El organismo electoral detalló que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales verificó la difusión de carteles digitales de obras realizadas por la gestión regional en materia de infraestructura educativa en 14 colegios, sin que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública para su difusión, requisito que señala la ley.

El JNE informó que dio dos días de plazo hábiles al Gobierno Regional de Áncash para los descargos respectivos y para que remita la información que corresponda luego de ser notificada la presente resolución.

Asimismo, dispuso que el gobierno de Áncash proceda a la suspensión temporal de la publicidad estatal denunciada.

(Con datos de Andina)