Sociedad civil amenaza con paro si Fiscalía no devuelve investigación a Chimbote.
La carpeta fiscal del sonado caso de corrupción La Centralita ya se encuentra en manos del Ministerio Público de Lima, tras la orden dada por el propio fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. El traslado del voluminoso expediente de investigación se realizó anoche bajo extrema custodia policial, según informó el diario El Comercio.
Ramos Heredia ordenó el jueves que ya no sean los fiscales del Santa quienes vean el caso, sino el despacho de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En cumplimiento de ello, el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejos, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción de funcionarios, encabezó anoche el traslado de la carpeta.
El caso "La Centralita" involucra a más de 60 personas, entre ellas el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.
Tras la medida, la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera, refirió que se busca garantizar la seguridad de los magistrados que investigan la red de espionaje político, pero admitió que podría generar cierto retraso en las diligencias.
DISCONFORMES
Algunos integrantes de la sociedad civil de Chimbote no tardaron en cuestionar el traslado del caso a Lima por considerar que el trasfondo es “proteger y limpiar” de la investigación a personas cercanas al Gobierno Central, como el presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda; y el empresario prófugo Martín Belaunde Lossio.
El decano del Colegio de Abogados del Santa, Richard Villavicencio Saldaña, señaló que la medida “genera suspicacia” y coincidió así con la opinión del Colectivo por la Reivindicación Moral de Áncash.
Ambas organizaciones presentaron un memorial solicitando una audiencia con el fiscal de la Nación para demandar que desista de cambiar la sede del caso.
Pero también anunciaron que las organizaciones sociales de la ciudad ya coordinan con otras de la región para realizar protestas. Incluso, no descartan realizar un paro si su pedido de no trasladar la investigación fiscal a Lima no es escuchado.
(Con datos de El Comercio)
