Según la Contraloría, se pagaron incentivos a 21 trabajadores que no los merecían por no ser parte de la carrera pública.
La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 122 670 en el Gobierno Regional de Áncash (GRA). El daño al presupuesto de la institución fue provocado por el pago de un incentivo único a trabajadores que por su condición laboral no les correspondía percibir dicho beneficio.
Los beneficiarios fueron 21 trabajadores que prestan servicios mediante medidas cautelares derivadas de mandatos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Se les pagó con recursos del Decreto Legislativo N.° 276, a pesar de que ellos no estaban sujetos al mencionado régimen laboral.
Los pagos fueron autorizados y tramitados por funcionarios del GRA de julio a diciembre de 2020 y la Subgerencia de Recursos Humanos suscribió el acta de compromiso de pago el 13 de agosto de ese año. Los hechos contravinieron la Ley de Presupuesto del Sector Público para dicho año fiscal.
IRREGULARIDADES
Según la Contraloría, los 21 beneficiados estaban contratados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y/o locación de servicio cuando fueron cesados y no todos cuentan con una medida cautelar. Solo 16 cuentan con una, 4 no la tienen y 1 tiene dicho recurso judicial infundado.
Asimismo, encontró que las medidas cautelares solo ordenaban la reincorporación a los puestos que ocupaban al momento del cese, lo que no implicaba su ingreso a la carrera pública, cuyo acceso es por concurso público (Decreto Legislativo N.° 276 y Decreto Supremo N.° 05-90-PCM). Por lo que no les correspondía recibir el incentivo económico.
RESPONSABLES
La indagación de la Contraloría identificó como presuntos responsables del pago indebido de incentivos a 7 funcionarios y/o servidores públicos del GRA; recayendo sobre 5 de ellos, además de una responsabilidad administrativa, otra de tipo penal.
Las personas comprendidas en la irregularidad son: David Hermosa Gloria (presunta responsabilidad penal), Juan Mendo Sánchez (presunta responsabilidad penal), Edison Olórtegui Romero, Herberth Barrenechea Orduña (presunta responsabilidad penal), Edison Mendoza Domínguez (presunta responsabilidad penal) y Karen Monetro Pacchioni (presunta responsabilidad penal); todos exfuncionarios del GRA entre 2020 y 2021. También Efigenio Cruz Gonzales Broncano, tesorero hasta la actualidad.
Los hallazgos se encuentran en el Informe de control específico N° 058-2021-2-5332, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, y ha sido derivado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de acciones legales penales. Asimismo, fue notificado al gobernador regional para las acciones administrativas.
(Con información de la Contraloría)
