En un solo día se presentaron seis casos de mujeres con problemas para ser atendidas en los hospitales La Caleta y Regional.

La Defensoría del Pueblo recibió diversas quejas de madres gestantes de Chimbote que no fueron atendidas en el Hospital La Caleta y el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, los dos únicos del Ministerio de Salud.

El último martes, el Módulo Defensorial de Chimbote recibió hasta seis casos de pacientes que tuvieron problemas para ingresar a dichos nosocomios, lo que motivó que dicha oficina solicitara la intervención del Ministerio Público para garantizar la vida de las mujeres y de sus hijos por nacer.

Asimismo, el pasado 12 de octubre se registró el fallecimiento de una adolescente, luego de que fuera trasladada tanto al hospital La Caleta como al hospital Eleazar Guzmán Barrón para recibir atención médica.

RESPONDEN LOS HOSPITALES

Ambos hospitales, sin embargo, se defendieron, informó la Defensoría del Pueblo.

El personal médico del Hospital La Caleta argumentó que adolecen de equipamiento médico y presupuesto adecuado. En tanto, el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón refirió que no le corresponde atender a gestantes que no estén dentro de su jurisdicción.

Los responsables del Regional añadieron que al tener la denominación de Hospital COVID-19, mediante una resolución del Gobierno Regional de Áncash, solo están obligados a atender a las mujeres embarazadas diagnosticadas con esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo, en Chimbote, solicitó la intervención inmediata del gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Salud, con el objetivo de encontrar solución inmediata a los conflictos institucionales y evaluar el contenido de la resolución que designó al hospital Regional como Hospital COVID-19.

DERECHOS VULNERADOS

La representante de la entidad, Roslin Villanueva Ramírez, manifestó que la situación ya ha sido comunicada al Ministerio de Salud y comentó que es necesaria la adopción de medidas para solucionar los problemas de jurisdicción, presupuesto o denominación que impiden atender adecuadamente a las madres gestantes.

“Esta situación vulnera el derecho de acceso a salud de las mujeres por lo que, si el problema persiste, vamos a intervenir con el Ministerio Público”, sostuvo.

(Nota de prensa)


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