Servidores recibieron y liquidaron obra de saneamiento en Huaraz y no aplicaron penalidad.
La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 675 159.38 en el Gobierno Regional de Áncash (GRA), debido a que no aplicó penalidades al contratista a cargo del mejoramiento de los servicios de disposición de excretas, en el distrito de La Libertad, provincia de Huaraz.
El órgano de control halló a cinco funcionarios y servidores públicos involucrados, quienes tendrían presunta responsabilidad administrativa y/o penal porque recibieron y liquidaron la obra, pese a que el contratista incumplió los plazos para la construcción del cerco perimétrico de dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
Según el informe de Servicio de Control Específico N.° 018-2021-2-5332 (periodo de evaluación del 1 de junio del 2018 al 30 de julio del 2020), la empresa a cargo de la obra construyó, dentro del plazo contractual, el 29 % y 58 % del cerco perimétrico de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los sectores de Shipas Huain y Huasno, respectivamente.
No obstante, el contratista y el supervisor reportaron la ejecución del 100 % de los trabajos (130 metros de cerco de tubo de fierro y malla olímpica), y solicitaron su recepción. Sin embargo, el GRA inició el proceso de recepción de la obra 92 días después de haberse culminado los trabajos.
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La Contraloría advirtió varias observaciones, entre ellas el incumplimiento en la construcción de los dos cercos perimétricos. A pesar de ello, en el GRA recibieron y liquidaron la obra sin aplicar la penalidad por retraso del contratista y del supervisor, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado.
La ejecución de la obra fue adjudicada por S/ 6 163 526.38 y con un plazo de ejecución de 300 días. La supervisión fue otorgada por S/ 308 209.09.
El informe fue notificado al procurador público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados. También fue notificado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el gobernador regional para las acciones que correspondan.
(Redacción El Ferrol)
