Afectación se dio porque el año 2020 se pagaron bonificaciones por COVID-19 a trabajadores que no las merecían, asegura la Contraloría.
La Contraloría General de la República determinó un perjuicio de S/ 187 000 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote, debido a que se pagaron bonificaciones extraordinarias por Covid-19 a 102 servidores que incumplían criterios para recibir ese beneficio. Los pagos se efectuaron entre octubre y diciembre de 2020.
Según la Contraloría, siete servidores públicos del hospital aprobaron y autorizaron el pago de la bonificación incumpliendo el artículo 4° del Decreto de Urgencia N.° 026-2020, modificado por Decreto de Urgencia N.° 053-2020, así como los procedimientos y disposiciones aplicables, generando un perjuicio económico de S/ 187 724.36.
“(...) En el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2020, servidores de la entidad consignaron como beneficiarios (102 personas) de la bonificación extraordinaria a personal administrativo que no cumplía los criterios establecidos en la normativa que regula el otorgamiento del citado beneficio”, señala el ente de control.
Según la norma incumplida, solo podía recibir la bonificación el personal de salud y otros (como choferes o trabajadores de limpieza) que trabajaran en establecimientos médicos (o fuera de ellos) y estuvieran en contacto con pacientes de COVID-19 o fallecidos por este mal. También los del área de admisión.
La Contraloría precisa que entre los trabajadores del Hospital Regional que cobraron el bono figuran: personal administrativo de la Dirección Ejecutiva, la Oficina de Planeamiento, la Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, la Unidad de Logística, la Unidad de Personal y hasta la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Los hallazgos constan en el informe de servicio de control específico N.° 24018-2021-CG/SADEN-SCE, elaborado por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría y comunicado al director del hospital para el deslinde de las responsabilidades, así como al procurador público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales civiles.
Puede ver el informe de Contraloría aquí.
(Redacción El Ferrol)
