Fiscal subraya que procesados con orden de prisión aún pueden acogerse a confesión sincera.
Una nueva audiencia del sonado caso La Centralita, prevista para la tarde de hoy, fue suspendida por el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Richard Concepción Carhuancho. La diligencia estaba programada para las 3 de la tarde y en ella debía resolverse la situación legal de cinco implicados más.
El magistrado suspendió la audiencia a pedido del fiscal Anticorrupción Laureano Añanca, quien decidió revalorar la situación jurídica de tres de los implicados: José Contreras Salazar, Eli Martínez Lecca y Anabel Tarazona Hervias, para quienes se había solicitado prisión preventiva por el plazo de 18 meses.
Los tres citados llegaron a la Corte Superior de Justicia para presenciar la audiencia en la que serían denunciados por el representante del Ministerio Público. Sin embargo, ambas partes entablaron una conversación por más de media hora. Posteriormente, el fiscal solicitó la suspensión del pedido de prisión preventiva argumentado que debía revalorar su tesis contra los implicados.
Para la Fiscalía, los comunicadores José Contreras, Eli Martínez y Anabel Tarazona se encargaban de la producción de material audiovisual propagandístico a favor del presidente regional César Álvarez y videos de difamación contra opositores políticos; incluso, estas tres personas tenían como oficina el local conocido como La Centralita.
Las otras dos personas citadas para la audiencia fueron Luis Villaverde Robles y José Bonilla Luna, pero no se presentaron. Se conoció que mañana se llevarán a cabo las audiencias que no se realizaron en el transcurso del sábado.
CONFESIÓN SINCERA
Después de suspendida la audiencia, el fiscal Añanca anotó que algunos de los implicados que puedan contribuir con las investigaciones podrían acogerse al beneficio de la confesión sincera y que, dependiendo de su aporte, podrían revertir la orden de prisión preventiva.
DATO
Hay que anotar que en la audiencia desarrollada en la mañana de hoy, se dictó prisión preventiva por 18 meses contra Antonio Rodríguez Meysen, cuya implicancia fue la única que se evaluó. Este es acusado de ser el destinatario de los envíos que eran recogidos en Chimbote conteniendo gorras y polos y demás accesorios, así como de los electrodomésticos de la pasada campaña del congresista Heriberto Benítez y del suspendido presidente regional, César Álvarez.
En la lista de citados para esta diligencia matinal figuraba el consejero Martín Espinal Reyes, pero su situación no fue analizada porque no se habrían cumplido las formalidades requeridas para su notificación.
(Deivis Castro)
