Los hombres del campo trabajaron en el mantenimiento de canales y drenes que ejecutó el Gobierno Regional de Áncash.
Un total de 150 integrantes de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, una organización agraria de Chimbote, no cobran el pago que les corresponde por labores de limpieza en canales y drenes que realizaron hace tres meses. El proyecto de mantenimiento fue ejecutado por el Gobierno Regional de Áncash (GRA).
Los trabajos culminaron antes de la Navidad del año pasado y, aunque al principio se empezó a pagar, al final solo el 35 % del total de las personas empleadas llegó a cobrar. Así lo denunció el presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, Pedro Varas Obregón.
La deuda con los agricultores, todos del centro poblado Cascajal, se estima en 500 soles para cada uno, pues el jornal era 50 soles y la mayoría laboró 10 días. Entre los afectados hay incluso madres solteras que vieron en estos trabajos la posibilidad de un ingreso para afrontar la crisis de la pandemia.
Pedro Varas indicó que han llamado continuamente al número telefónico que el gobierno regional les dio para las coordinaciones, pero nunca les contestan y la última vez (martes 2 del corriente) hasta dejaron el teléfono descolgado.
El dirigente agrario aseguró que acudirán a la Defensoría del Pueblo. La decisión se tomó durante una reunión con representantes de la Junta de Usuarios Irchim, organismo al que pertenece la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo. También se quejaron con un consejero regional.
PAGAN LA PRÓXIMA SEMANA
El reclamo de los usuarios fue comunicado al consejero regional Rubén Sandoval Calvo, quien tras realizar ayer las indagaciones en la sede del GRA, en Huaraz, informó a El Ferrol que recibió el compromiso de que los pagos se realizarán a partir de la próxima semana.
El consejero regional indicó que desde la administración del GRA justificaron el retraso de los pagos en el cambio del gobernador regional —Juan Morillo, con prisión preventiva, fue reemplazado por Henry Borja— y el subsecuente cambio de funcionarios. “Se tuvieron que regularizar firmas y el mismo problema se da en otras obras de las 20 provincias”, mencionó.
(Redacción El Ferrol)
