Junto con Álvarez, recibieron orden de prisión preventiva por 36 meses por crimen de Nolasco.

El alcalde provincial Luis Arroyo Rojas también deberá pasar 36 meses de prisión preventiva por el caso del asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco Campos, con lo que se sepulta cualquier opción de que la autoridad vuelva a gobernar en la comuna.

En una sesión maratónica, de más de 17 horas, esta madrugada, el Segundo Juzgado de la Sala Penal Nacional determinó que Arroyo sea internado en un establecimiento penitenciario procesado por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, luego de que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado acusara al alcalde provincial de haber sido autor intelectual del crimen.

Para el Ministerio Público, Arroyo es el segundo cabecilla de la supuesta red criminal que opera en Áncash y, junto con César Álvarez Aguilar, habría planeado y ordenado el asesinato de Nolasco, ocurrido el 14 de marzo.

El Poder Judicial también ha ordenado carcelería para el burgomaestre, por un plazo de 18 meses, por el caso de corrupción La Centralita.

“GORO” IRÁ PRESO

Además de Álvarez y Arroyo, el juez Walter Sánchez ordenó que otras seis personas también afronten bajo prisión preventiva la investigación por el sonado asesinato: los exdirigentes de Construcción Civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra; Rubén Moreno Olivo, más conocido como “Goro”; Juan Manuel Garay Obregón, “Huachanito”; Yonny Rómulo Saavedra Acosta; Cristian Cruzate Pereda, “Colombiano”; estos dos últimos acusados de ser los autores materiales del crimen.

El Juzgado analizó la situación legal de otras 12 personas, pero determinó que estas sean procesadas en libertad, entre ellas figuran el exaliado de Álvarez, Juan Calderón Altamirano, y los periodistas Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares. No obstante, estas personas tienen orden de prisión preventiva por 18 meses por su implicancia en el caso La Centralita.

(Redacción El Ferrol)

(Fotos: Andina)

 

 

 

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decidirá recién mañana lunes en qué penal será recluido el presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien afrontará bajo mandato de prisión preventiva la investigación por el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco.

El jefe de la entidad, José Luis Pérez Guadalupe, precisó que aún no se sabe a qué cárcel será enviado el suspendido funcionario ni si esta será de máxima seguridad. “No podemos adelantarnos”, señaló tras explicar que una junta de clasificación estudiará la situación de Álvarez antes de tomar una decisión.

Estimó que el lunes por la tarde se ejecutaría el traslado del procesado al establecimiento penitenciario que le corresponda.

CRITERIOS

En ese sentido, agregó que la junta evaluará los delitos que se le imputan a Álvarez –por este caso, la Fiscalía lo acusa de homicidio calificado –, así como sus antecedentes y otros detalles de índole personal. Luego será entrevistado para hacer los descargos que crea pertinentes.

El suspendido titular de la región Áncash fue conducido esta madrugada a la carceleta del Poder Judicial luego de una audiencia que se prolongó por más de 14 horas. En la sesión, reiteró que es inocente y que no huirá de la justicia.

“Ahora hay en la carceleta (del Poder Judicial) más de 50 internos, recién después de la clasificación se procede al traslado (…) Calculo que se le estará llevando por la tarde al penal que le corresponda”, agregó Pérez Guadalupe en diálogo con RPP.

(Con datos de Perú21)

Poder Judicial dispuso que afronte proceso de investigación en un penal de máxima seguridad.

El otrora poderoso presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, atraviesa su peor hora. El Segundo Juzgado de la Sala Penal Nacional determinó esta madrugada que el suspendido titular de la región afronte hasta 36 meses de prisión preventiva para la investigación por el asesinato del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco.

Tras más de 14 horas de audiencia, el juez encargado del caso, Walter Sánchez, declaró fundado el pedido de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público, que se aplicará también para el exalcalde del Santa, Luis Arroyo, reportó RPP.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Contra el Crimen Organizado, Manuel Castro, dijo que las pruebas obtenidas demuestran que Álvarez formó una organización criminal y usó recursos públicos para contratar y reclutar personas que realizaron "actos delincuenciales".

Aseguró, además, que Álvarez "se aprovechó" de su condición de presidente regional para iniciar actividades destinadas a realizar cobros o diezmos por licitaciones y para eliminar, a través de esta organización, a sus opositores.

SANGRE

Según afirmó el fiscal, previo al asesinato de Nolasco, ocurrido este año, dicha organización ordenó el asesinato de José Luis Sánchez Milla y el primer atentado contra el propio Nolasco, donde murió su hijo político.

Durante la diligencia, la suspendida autoridad ancashina solicitó la palabra y precisó que no fue capturado, sino que se entregó de manera voluntaria a la justicia al no tener nada que temer" y ser "inocente".

En la audiencia también se analizó los casos de 20 presuntos implicados, entre ellos Álvarez.

El suspendido titular ancashino ya afrontaba 18 meses de prisión preventiva por la investigación del caso La centralita. Álvarez se encuentra en la carceleta de Palacio de Justicia a la espera de que se determine en qué penal cumplirá la prisión preventiva por estos 36 meses, es decir tres años.

(Con datos de Andina y El Comercio)

Fiscal subraya que procesados con orden de prisión aún pueden acogerse a confesión sincera.

Una nueva audiencia del sonado caso La Centralita, prevista para la tarde de hoy, fue suspendida por el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Richard Concepción Carhuancho. La diligencia estaba programada para las 3 de la tarde y en ella debía resolverse la situación legal de cinco implicados más.

El magistrado suspendió la audiencia a pedido del fiscal Anticorrupción Laureano Añanca, quien decidió revalorar la situación jurídica de tres de los implicados: José Contreras Salazar, Eli Martínez Lecca y Anabel Tarazona Hervias, para quienes se había solicitado prisión preventiva por el plazo de 18 meses.

Los tres citados llegaron a la Corte Superior de Justicia para presenciar la audiencia en la que serían denunciados por el representante del Ministerio Público. Sin embargo, ambas partes entablaron una conversación por más de media hora. Posteriormente, el fiscal solicitó la suspensión del pedido de prisión preventiva argumentado que debía revalorar su tesis contra los implicados.

Para la Fiscalía, los comunicadores José Contreras, Eli Martínez y Anabel Tarazona se encargaban de la producción de material audiovisual propagandístico a favor del presidente regional César Álvarez y videos de difamación contra opositores políticos; incluso, estas tres personas tenían como oficina el local conocido como La Centralita.

Las otras dos personas citadas para la audiencia fueron Luis Villaverde Robles y José Bonilla Luna, pero no se presentaron. Se conoció que mañana se llevarán a cabo las audiencias que no se realizaron en el transcurso del sábado.

CONFESIÓN SINCERA

Después de suspendida la audiencia, el fiscal Añanca anotó que algunos de los implicados que puedan contribuir con las investigaciones podrían acogerse al beneficio de la confesión sincera y que, dependiendo de su aporte, podrían revertir la orden de prisión preventiva.

DATO

Hay que anotar que en la audiencia desarrollada en la mañana de hoy, se dictó prisión preventiva por 18 meses contra Antonio Rodríguez Meysen, cuya implicancia fue la única que se evaluó. Este es acusado de ser el destinatario de los envíos que eran recogidos en Chimbote conteniendo gorras y polos y demás accesorios, así como de los electrodomésticos de la pasada campaña del congresista Heriberto Benítez y del suspendido presidente regional, César Álvarez.

En la lista de citados para esta diligencia matinal figuraba el consejero Martín Espinal Reyes, pero su situación no fue analizada porque no se habrían cumplido las formalidades requeridas para su notificación.

(Deivis Castro)

Alcalde provincial también fue acusado formalmente por la muerte de Nolasco.

Para la Policía de la División de Homicidios y la Fiscalía que investigó el caso “Nolasco”, el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, es el segundo cabecilla de la supuesta red criminal que opera en la región Áncash y habría planeado y ordenado, junto con César Álvarez, el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido el pasado 14 de marzo.

Álvarez y Arroyo figuran como autores intelectuales del crimen de su opositor político Nolasco; además, como resultado de las pesquisas durante los 15 días de investigación preliminar, la Policía concluyó que sí habría existido la red criminal, que Álvarez era el cabecilla de la organización y que Arroyo lo secundaba.

Otra autoridad que está estrechamente involucrada en los ilícitos que tenían como fin apoderarse del dinero de las obras, según el expediente policial, es el gerente regional, Hernán Molina Trujillo, quien habría tenido amplio conocimiento de todos los pasos criminales que planeaban y ejecutaban los cabecillas de la presunta mafia.
A criterio de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, 29 personas deben responder por la muerte de Nolasco y por participar en este aparato criminal, pero aún hay 9 personas que se encuentran en la clandestinidad.

Tras estas investigaciones, hoy el Ministerio Público solicita la prisión preventiva contra César Álvarez por el delito de homicidio calificado en agravio del ex consejero regional y por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio de la sociedad.

Tanto Álvarez como Arroyo tienen un mandato de prisión preventiva por 18 meses por el caso “La Centralita”, desde el 28 del presente, por decisión de la Corte del Santa, hecho que agrava aún más su complicada situación legal.

(Deivis Castro)

Por decisión del Poder Judicial, Juan Calderón pasó de denunciante a denunciado en investigación de red criminal.

En la más reciente audiencia del caso La Centralita, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa declaró fundado el pedido de prisión preventiva para el ‘ex comando’ Juan Calderón Altamirano, quien, paradójicamente, revelara en el 2011 la existencia del presunto centro de operaciones ilícitas de la Región. Sus propias declaraciones ante las autoridades hundieron al excolaborador alvarista.

Es que, al hacer la denuncia, Calderón testimonió que había presenciado pagos indebidos a periodistas. Su versión fue sumada a la información que brindó el colaborador eficaz N° 001-2014 y a otros elementos de convicción que, sustentó la Fiscalía, evidencian la participación del procesado como el “nexo” entre el suspendido presidente regional César Álvarez y policías y fiscales dentro de la organización criminal.

PIEZA CLAVE

A la medida máxima de 18 meses de prisión preventiva también ha sido sometida la gerenta municipal de la comuna provincial del Santa, Pamela Bermúdez Rodríguez, quien habría sido pieza clave en el financiamiento de la organización criminal aprovechando el cargo que hasta hace unos años ostentaba como gerenta de la Subregión Pacífico.

Por su lado, el efectivo asignado por el Estado para brindar seguridad a Álvarez, Hugo Mayo Cortez, sería el encargado de recibir dinero para el pago a los miembros que custodiaban el inmueble de La Centralita; mientras que el procesado exgerente de Chinecas Arnulfo Moreno Corales, dio la venia para que personal del proyecto labore en La Centralita. Ambos también recibieron 18 meses de prisión preventiva durante la audiencia de ayer que se extendió por largas horas.

Finalmente: en un penal de máxima seguridad, el expolicía Ricardo Patiño Marmanillo deberá afrontar este proceso por presunta corrupción. El agente policial, según la Fiscalía, se encargaba de ocultar las evidencias policiales que pesaban en contra de Álvarez. Actualmente, se encuentra en calidad de prófugo por su implicancia en el crimen de Ezequiel Nolasco Campos.

Esta es la lista de procesados con orden de prisión preventiva de 18 meses, por disposición del titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho.

  • César Álvarez Aguilar (detenido)
  • Jorge Burgos Guanilo (clandestinidad)
  • Nelson Vásquez Baca (detenido)
  • Juan Espinoza Linares (detenido)
  • Sandor Renilla Horna (orden de prisión)
  • Rosa Olivares de la Cruz (orden de prisión)
  • Luis Arroyo Rojas (detenido)
  • Martín Belaunde Lossio (orden de prisión)
  • Hernán Molina Trujillo (detenido)
  • Víctor Cerna Baes (orden de prisión)
  • Luis Arroyo Guevara (orden de prisión)
  • José Arqueros Chávez (orden de prisión)
  • Patricia Cárdenas Ávalos (orden de prisión)
  • Kelly Pinedo Bermúdez (orden de prisión)
  • Víctor Revilla Yengle (orden de prisión)
  • Ingrid Casas Calderón (orden de prisión)
  • María Burgos Guanilo (orden de prisión)
  • Julio Minchola Chumioque (orden de prisión)
  • Florencio Román Reyna (orden de prisión)
  • Abel Sánchez Cruz (orden de prisión)
  • Milagros Medina Moncada (orden de prisión)
  • María Acosta Sánchez (orden de prisión)
  • Carlos Crisólogo Saavedra (orden de prisión)
  • Lleana Corcuera Reyes (orden de prisión)
  • Rafaela López Pineda (orden de prisión)
  • Juan Cortes Bravo (orden de prisión)
  • Modesto Mondragón Becerra (detenido)
  • Víctor López Padilla (detenido)
  • Rusbell López Sánchez (detenido)
  • José Luis Carmen Ramos (detenido)
  • Evaristo Chauca Huete (orden de prisión)
  • Juan Calderón Altamirano (detenido)
  • Pamela Bermúdez Rodríguez (orden de prisión)
  • Hugo Mayo Cortez (detenido)
  • Arnulfo Moreno Corales (orden de prisión)
  • Ricardo Patiño Marmanillo (clandestinidad)

(Foto y texto: Deivis Castro)

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