Afirma que nunca entregó audios a Heriberto Benítez y que no conoce a Álvarez.

El controvertido abogado limeño Rodolfo Orellana Rengifo negó hoy haber entregado información obtenida de manera ilegal al congresista Heriberto Benítez para su uso por parte de la presunta red criminal que operaba en el local La Centralita.

En este inmueble, según la Procuraduría Anticorrupción, se planificaban los ataques contra los opositores del recluido presidente regional César Álvarez Aguilar.

Según El Comercio, hoy Orellana afirmó que no conoce a Álvarez y que tampoco ha ido ni llamado a “La Centralita”.

Alegó que lo comenzaron a relacionar con este caso porque el colaborador eficaz Juan Carlos Barrios “mencionara que yo sería el que ‘chuponeo’ a los adversarios políticos de Álvarez y que todo esa información se la entregaba a Benítez”.

A decir del abogado, la Fiscalía ha determinado que esas imputaciones son falsas.

Además, indicó que Barrios recibió 30 mil soles para inculparlo. Incluso, refirió que detrás de la denuncia estarían los empresarios Jorge Pazos Holder y Giovanni Paredes, con quienes tiene una serie de litigios por tierras en Lima.

Orellana también dijo que ha enviado una carta al procurador anticorrupción Christian Salas para que le haga llegar las pruebas que tiene para sindicarlo como el presunto ‘chuponeador’ de ‘La Centralita’.

SE REUNIÓ CON FISCAL

En otro momento, Orellana reconoció que buscó al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, cuando este era el jefe de Control Interno de la Fiscalía. Sin embargo, expresó que el ahora titular del Ministerio Público no lo pudo atender.

Orellana y Ramos Heredia han entrado en evidentes contradicciones al ser consultados por la prensa sobre sus presuntos nexos.

El fiscal de la Nación ha reconocido ante el Congreso que sí atendió a Orellana en su despacho, después de haberlo descartado en anteriores ocasiones. “He atendido al señor Orellana en Control Interno hace un año y medio como a cualquier usuario”, refirió el titular del Ministerio Público.

(Con datos de El Comercio)

Entidad tiene hasta un mes de plazo para emitir credencial a Enríquez.

La Municipalidad Provincial del Santa (MPS) remitió -recién ayer- al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el acuerdo de concejo que da atribuciones al primer regidor Alberto Enríquez Namay para asumir la Alcaldía, ello ante la reclusión de Luis Arroyo Rojas.

“El trámite recién ha sido enviado a Lima ayer. Teníamos que esperar los cinco días del plazo de ley que, por derecho, le corresponde al suspendido Luis Arroyo, pero como está en prisión, solo tuvimos que esperar. Ahora debemos esperar el pronunciamiento del JNE”, aseveró el regidor Alberto Hurtado Chancafe.

Explicó que el JNE tiene desde una semana hasta un mes de plazo legal para emitir el pronunciamiento y la credencial que reconozca a Enríquez Namay como alcalde de la MPS, según acordaron los regidores por unanimidad el martes de la semana pasada.

El funcionario advirtió, sin mayores detalles, que conoce de un caso similar en el que el JNE se tardó hasta cuatro meses en emitir un pronunciamiento, motivo por el cual, dijo que entablará el diálogo con todos los regidores de oposición para otorgar facultades al alcalde encargado que le permitan representatividad política.

(Deivis Castro)

Quedó descartada anunciada candidatura a la Región por “Río Santa”, comentó Soto.

Quedó confirmado. El líder y fundador del Movimiento Independiente Regional (MIR) Río Santa Caudaloso, Guzmán Aguirre Altamirano, finalmente desistió de postular a la Presidencia Regional de Áncash por problemas de salud, según comentó el candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote por el mismo movimiento político, Walter Soto Campos.

“Tenemos entendido que el señor Guzmán Aguirre ha desistido de la candidatura por temas de salud. Lo lamentamos porque era el candidato natural del movimiento (…) Sabemos que en estos días se va a dar a conocer el nombre del nuevo candidato”, confirmó hoy el postulante al sillón municipal distrital en diálogo con El Ferrol.

Guzmán Aguirre era el candidato natural de “Río Santa” y su paso al costado significaría una baja importante para las aspiraciones electorales del movimiento de llegar a la Región y, por supuesto, para quienes continúan en carrera política para las otras jurisdicciones.

Este medio intentó entrevistar a la lideresa de dicho movimiento político, la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, pero fue en vano. Al respecto, la regidora y militante del MIR, Paola Huamán Vela, prefirió evitar pronunciamiento alguno.

Sin embargo, extraoficialmente, se conoce que “Río Santa” vendría evaluando alianzas con otras fuerzas políticas. Se sabe que se encontraría en conversaciones con el empresario y aspirante a la Región Arturo Torres Calderón y con el líder de Andemar, Ricardo Narváez Soto.

(Redacción El Ferrol)

En 30 días, como máximo, entidad emitirá informe sobre irregularidades.

El contralor de la República, Fuad Khoury, aseveró que su institución se encuentra próxima a “probar” la corrupción en la gestión del suspendido presidente regional César Álvarez Aguilar, esto al anunciar que dentro de 30 días, como máximo, se tendrá listo el informe del examen de control realizado al Gobierno Regional de Áncash.

Khoury dijo en una entrevista con el diario La República que “habrá sorpresas” en torno a las responsabilidades que su despacho ha encontrado durante el examen de control que vienen realizando 40 auditores en el estamento regional.

“En 30 días como máximo estará listo el informe y le anuncio que habrá sorpresas”, dijo el contralor al reportero, mientras que, al ser consultado sobre los detalles de los hallazgos, se limitó a anotar que “el señor Álvarez está detenido por cualquier cosa menos por corrupción”.

Los actos irregulares que habría verificado la Contraloría tienen que ver con la ejecución de obras públicas. Por lo pronto, en diez obras ya se han encontrado supuestas irregularidades serias, a decir de Khoury.

¿Se va a probar la corrupción de Álvarez?, se le consultó. “Estamos acercándonos. Hay diez obras que están siendo revisadas en las que hemos encontrado supuestas irregularidades, serias”, respondió.

En otro momento de la extensa entrevista, el contralor cuestionó la inacción del Gobierno Central mientras su personal era amenazado por intentar realizar su trabajo. Mencionó que en Áncash, sus auditores recibieron amenazas y se les negaba información. “(…) Cuando empezaron los asesinatos, Áncash pasó a convertirse en una zona tomada. Mis auditores recibían amenazas, les negaban información. Hubo muchas complicaciones a vista y paciencia de los gobiernos de turno”, reveló.

Por último, indicó que desde el 2009, año en que se realizó el operativo de control “Cóndor”, “ya sabíamos que había corrupción en el país, y en Áncash también, en el gobierno regional de César Álvarez”. Sin embargo, mencionó que las denuncias presentadas ante la Fiscalía sobre presuntas irregularidades fueron archivadas.

(Redacción El Ferrol)

(Foto La República)

Exfutbolista y exregidor provincial asegura que trabaja plan de gobierno con profesionales.

El movimiento independiente regional Río Santa Caudaloso (RSC) presentó como su nuevo candidato al sillón municipal de Nuevo Chimbote a Walter Soto Campos, exjugador del José Gálvez y exregidor de la Municipalidad Provincial del Santa.

La proclamación de Walter Soto como aspirante en RSC, en reemplazo de Francisco Gasco Barreto, se concretó esta tarde, tras ganar con 483 votos las elecciones internas en su agrupación política.

“Les prometo que Nuevo Chimbote será grande, moderno y seguro. Estamos elaborando un plan de gobierno con buenos profesionales, porque queremos el desarrollo integral del distrito”, ofreció el aspirante a la alcaldía sureña.

“Walter Soto es joven y profesional, está capacitado para dirigir los destinos del distrito. A sus 35 años es una persona realizada y ahora le corresponde trabajar por el distrito que lo vio nacer”, subrayó la lideresa de RSC, Victoria Espinoza García, tras presentar al candidato.

(Yoshi Vera)

Hace un año no se resuelve queja para investigar a suspendida autoridad, denuncia procuradora.

La procuradora contra el Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Julia Príncipe Trujillo, reveló que hace un año el Ministerio Público no resuelve una queja que interpuso tras el archivamiento de una investigación por lavado de activos contra el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez.

La defensora del Estado contó que el 11 de junio de 2013 presentó la queja, luego de que el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Hernán Quispe Rodríguez, mandó al archivo la investigación contra Álvarez. Además, Quispe declaró nulo un primer recurso de queja sobre ese mismo caso.

"Es inconcebible que haya transcurrido un año desde que la Procuraduría presentó una queja y no se haya resuelto", dijo Príncipe en el programa "Sin peros en la lengua". De acuerdo con la ley, la Fiscalía tiene un plazo no mayor de tres días para resolver dicho recurso, tiempo que, evidentemente, no se cumplió.

"El fiscal Quispe declaró improcedente la queja. El argumento fue que había sido interpuesta fuera del plazo de ley. Frente a eso, remitimos documentación acreditando que lo habíamos hecho dentro del plazo; sin embargo, no obtuvimos respuesta", dijo Príncipe.

Refirió que hasta en tres oportunidades la Fiscalía de Huaraz archivó las investigaciones que hicieron contra el hoy detenido presidente regional. Todas por el mismo delito que vincularía a una red de 56 testaferros.

¿BLINDAJE?

La procuradora señaló que, al no encontrar respuesta a su queja, le remitió un oficio al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. "El año pasado, en setiembre, le doy cuenta a Peláez de todos estos hechos. En un oficio le anexo todos los antecedentes. Y, sin embargo, no obtengo respuesta", dijo.

Contó que también están investigando al empresario Rodolfo Orellana, sindicado por la Procuraduría Anticorrupción de formar parte de la red criminal de Álvarez.

"Los presuntos delitos que se le imputan a Orellana son tráfico de tierras y estafas", afirmó la procuradora.

Reveló que existirían nexos entre Orellana y Peláez Bardales. Según contó Príncipe, la empresa Coopex, de propiedad de Orellana, tiene como uno de sus socios a Daniel Ramsay Romero, ex asesor del ex fiscal de la Nación.

(Con datos de El Comercio)

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