Ministro Figallo opina que apelaciones de procesados deben resolverse pronto.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, descartó que haya “presión política” para fiscalizar a los gobiernos regionales, entre ellos al de Áncash, por casos de presunta corrupción y, además, garantizó que el país vive un estado de pleno respeto del derecho constitucional.

En los últimos días se han abierto procesos de investigación fiscal y judicial contra los presidentes regionales César Álvarez (Áncash), Gerardo Viñas (Tumbes), Klever Meléndez (Pasco) y Gregorio Santos (Cajamarca), algunos con orden de detención preventiva, y habría más casos en camino.

“No hay presión política de ninguna naturaleza, aquí en este país se respeta la separación de poderes y funciones, la Procuraduría Pública puede armar un caso y presentarlo a modo de solicitud ante la Fiscalía”, afirmó el titular de Justicia.

Refirió que la Fiscalía “tiene la titularidad de la acción penal” y es la única con la posibilidad, en estos casos de presunta corrupción de funcionarios regionales y locales, de denunciarlos ante un juez, quien finalmente es el que decide abrir un proceso o no.

APELACIONES

Asimismo, señaló que a fin de garantizar el debido proceso las apelaciones por parte de la defensa de las autoridades investigadas y con procesos penales deben resolverse lo más rápido posible, a fin de que permanezcan en prisión quienes deben estarlo y los que puedan concurrir al Poder Judicial bajo el mecanismo de comparecencia, lo hagan.

“Esto tiene que hacerse lo más rápido posible, pero sin duda hay que ver con buena luz en el camino de este túnel que atravesamos que las autoridades ya están tomando las acciones correspondientes”, precisó.

(Con datos de Andina)

Ahijado de Álvarez abandonó el país dos días antes de audiencia de "La Centralita".

Dos días antes de la audiencia judicial que evaluaría su caso, Dirsse Valverde Varas, oscuro personaje del entorno de César Álvarez Aguilar, abandonó el país sin más ni más, al haber sido notificado de su presunta implicancia en el caso La Centralita.

En la diligencia realizada ayer por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, el juez Richard Concepción Carhuancho escuchó la denuncia formulada por la Fiscalía contra el conocido ahijado del suspendido mandatario ancashino y decidió dictarle orden de prisión preventiva por 18 meses por las acusaciones de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Hoy por hoy, Valverde Varas es un prófugo de la justicia y por ello el Poder Judicial notificará a las autoridades de Migraciones para su ubicación y pronta captura.

El juez consideró que el viaje de Valverde al Ecuador es un indicativo de que pretende eludir el proceso por lo que emitirá una alerta a las autoridades para que sea apresado si retorna. Valverde, exgerente de Obras de la Región, es acusado de pertenecer a la presunta red delictiva que funcionaba en la denominada “Centralita”.

Según los testimonios a los que tuvo acceso la Fiscalía, Valverde sería testaferro del hoy preso César Álvarez y se ha detectado que es dueño de bienes inmuebles y un costoso automóvil, adquisiciones que no ha podido justificar con sus ingresos.

Se conoce que César Álvarez es padrino de matrimonio de Valverde Varas.

(Con datos de El Comercio)