Sociedad civil amenaza con paro si Fiscalía no devuelve investigación a Chimbote.

La carpeta fiscal del sonado caso de corrupción La Centralita ya se encuentra en manos del Ministerio Público de Lima, tras la orden dada por el propio fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. El traslado del voluminoso expediente de investigación se realizó anoche bajo extrema custodia policial, según informó el diario El Comercio.

Ramos Heredia ordenó el jueves que ya no sean los fiscales del Santa quienes vean el caso, sino el despacho de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En cumplimiento de ello, el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejos, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción de funcionarios, encabezó anoche el traslado de la carpeta.

El caso "La Centralita" involucra a más de 60 personas, entre ellas el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Tras la medida, la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera, refirió que se busca garantizar la seguridad de los magistrados que investigan la red de espionaje político, pero admitió que podría generar cierto retraso en las diligencias.

DISCONFORMES

Algunos integrantes de la sociedad civil de Chimbote no tardaron en cuestionar el traslado del caso a Lima por considerar que el trasfondo es “proteger y limpiar” de la investigación a personas cercanas al Gobierno Central, como el presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda; y el empresario prófugo Martín Belaunde Lossio.

El decano del Colegio de Abogados del Santa, Richard Villavicencio Saldaña, señaló que la medida “genera suspicacia” y coincidió así con la opinión del Colectivo por la Reivindicación Moral de Áncash.

Ambas organizaciones presentaron un memorial solicitando una audiencia con el fiscal de la Nación para demandar que desista de cambiar la sede del caso.

Pero también anunciaron que las organizaciones sociales de la ciudad ya coordinan con otras de la región para realizar protestas. Incluso, no descartan realizar un paro si su pedido de no trasladar la investigación fiscal a Lima no es escuchado.

(Con datos de El Comercio)

Varios de estos recursos han sido devueltos por vicios en su planteamiento.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa ha recibido un total de 37 apelaciones a las resoluciones de orden de prisión preventiva dictadas por el juez Richard Concepción Carhuancho, en el curso del sonado caso de corrupción La Centralita. Sin embargo, se informó que la mayoría de estos recursos legales ha tenido fallas de forma, por lo que han sido devueltos a las defensas para que sean replanteadas.

Todas estas apelaciones deberán ser resueltas por la Sala de Apelaciones de la Corte superior del Santa, una vez que el Tercer Juzgado corra traslado de los mismos.

Hasta el momento, el juez Carhuancho ha dictado 45 órdenes de prisión preventiva para los investigados. Seis ya se encuentran cumpliendo este mandato en el penal de Cambio Puente y en el caso de las demás personas, la Policía informó que ya tiene un plan estratégico para su ubicación y captura, incluso, si fuera necesario, en otros países.

MÁS ACUSADOS

A partir del 18 de este mes se empezarán a realizar todas las audiencias que quedaron pendientes. Entre ellas, la de Milagros Asián Barahona, esposa del investigado César Álvarez. Su caso aún está en suspenso, luego que el fiscal Laureano Añanca Chumbe anunciara que revisará los elementos de convicción en los que sustenta sus acusaciones contra ella. Se entiende que esta audiencia también sería reprogramada.

En el caso “La Centralita” hasta ahora se investiga a autoridades, funcionarios, empresarios, periodistas y trabajadores de las áreas de Imagen Institucional de entidades públicas como Subregión Pacífico y Proyecto Especial Chinecas, dependientes del Gobierno Regional de Áncash.

Las autoridades presumen que “La Centralita” era el principal centro de operaciones de una organización criminal que operó en Áncash liderada por el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez.

(Con datos de Andina)

Por caso de presunto "desfalco" de S/. 3 millones en proyecto de hospital de Carhuaz.

¿La situación legal de César Álvarez podría complicarse aún más? Sí. La Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Áncash solicitó la prisión preventiva por nueve meses en contra de la exautoridad –presa hoy en el penal Piedras Gordas I- en el proceso que se le sigue por las irregularidades en la construcción del hospital de Carhuaz.

La coordinadora de la Procuraduría Anticorrupción de Huaraz, Solange Hurtado, refirió que el pedido de reclusión contra Álvarez fue presentado recientemente por el fiscal Flavio del Carpio ante el respectivo Juzgado de Investigación Preparatoria, esperando que el magistrado a cargo fije fecha para la audiencia.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a cinco investigados. Entre ellos figura el exgerente general del Gobierno Regional de Áncash, Hernán Molina Trujillo, quien, al igual que Álvarez, se encuentra recluido. También se ha incluido al exgerente de Infraestructura Germán Martinez Cisneros y otros funcionarios.

La procuradora recordó que este proceso fue archivado sin sustento hasta en dos ocasiones, pero luego de apelaciones y cambio de fiscales fue reabierto. Refirió que luego del peritaje realizado por personal especializado de la Procuraduría y del Ministerio Público se detectó un presunto desfalco de tres millones de nuevos soles en la obra inconclusa del Hospital de Carhuaz.

“Las pericias contable y valorativa no coinciden y se ha determinado, entre comillas, un desfalco de casi tres millones de soles (…) Si se aprueba el pedido, simplemente se extendería la prisión preventiva (de Álvarez) con la finalidad de cautelar la buena investigación de esta obra que ha quedado inconclusa”, declaró Hurtado al portal Huarazinforma.

(Redacción El Ferrol)

Acusados con mandato de reclusión suman 45 en sonado caso judicial.

El periodista Luis Armando Villaverde Robles y el reportero gráfico José Yonnel Bonilla Luna deberán afrontar prisión preventiva por el plazo de 18 meses por disposición del titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Richard Concepción Carhuancho.

El juez declaró fundado el pedido del fiscal Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien sostuvo que el periodista ‘comando’ Villaverde habría vendido la línea editorial de su programa periodístico televisivo para favorecer a César Álvarez Aguilar y atacar a los opositores de la autoridad. Su servicio era solventado con el dinero del diezmo.

Del mismo modo, Bonilla habría laborado como “fotógrafo de planta” para el presidente regional, sin emitir comprobantes de pago, ni figurar en planilla alguna. En su historial laboral no registra ningún contrato formal con ninguna institución desde el 2006 hasta este año, lapso que coincide con el periodo de mandato del procesado César Álvarez.

Ambos acusados habrían sido parte del brazo periodístico de la supuesta organización criminal que operaba en el inmueble conocido como La Centralita, por ese motivo son acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir y peculado.

DATO

Con estas dos últimas órdenes de prisión preventiva, suman 45 las personas que deberán seguir su proceso por el caso La Centralita desde la cárcel.

(Deivis Castro)