Esta vez, magistrado decidirá situación legal de presunto testaferro de consejero Espinal.
Para mañana, a las 6 de la tarde, está programada la que puede ser la última audiencia de pedido de prisión preventiva que se ventile en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa por el caso La Centralita.
En esta diligencia, el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará la situación legal del sobrino del consejero regional Martín Espinal Reyes, Darwin Espinal Adriano. A este se le imputa integrar la presunta red de corrupción instaurada en Áncash y, de este modo, ser el testaferro del cuestionado consejero por Pallasca pues constituyó empresas constructoras sin contar con la suficiente capacidad económica que lo justifique.
DECISIÓN
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, instancia mayor del Poder Judicial, determinará en una semana, aproximadamente, si procede o no la transferencia del caso La Centralita en el ámbito judicial, según lo ha estimado el propio juez Concepción Carhuancho. Es por ello que, mañana podría encabezar su última audiencia en este caso.
En lo que respecta al Ministerio Público, el traslado de las investigaciones de “La Centralita” fue aprobado hace tres días y el caso ya se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con sede en Lima.
Ambas transferencias, tanto de la carpeta fiscal, como del expediente judicial, fueron solicitadas por la Procuraduría Nacional.
El cambio de fiscal del caso fue dispuesto por el titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, quien deberá nombrar al fiscal que asumirá las investigaciones.
Para ello se prevé crear un tercer despacho en las fiscalías supraprovinciales anticorrupción, que coordina el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejo.
Hasta ahora, había dos despachos supraprovinciales anticorrupción, uno atendido por el fiscal Walter Delgado Tovar y otro por Hamilton Castro. Un tercer fiscal se sumará a ellos para atender el caso La Centralita.
EN SUSPENSO
Corresponderá a este nuevo despacho fiscal pronunciarse respecto a la situación jurídica de un grupo de siete personas para las que la Fiscalía aún no sustenta el pedido de prisión preventiva. Una de ellas es Milagros Asián Barahona, esposa del suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. También debe pronunciarse sobre las acusaciones contra los implicados Danilo Meléndez Ponce, Jorge Chang Soto, Gisella Katya Saavedra Toro, Ericka Melissa Boza Palacios, Antonio Boza Flores y Felipe Bermúdez Mendieta.
DATO
A la fecha, son 45 las personas que afrontan mandato de prisión preventiva dictado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria por el caso La Centralita.
(Redacción El Ferrol)