El Ministerio Público realiza el pedido tras encontrar “suficientes elementos graves y fundados” del delito de colusión agravada. Fiscal a cargo dice que recibe amenazas.

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La falta de arraigo domiciliario fue el principal argumento para que un juez de Huaraz acceda al pedido del Ministerio Público. Ocho funcionarios y una empresaria recibieron la misma medida coercitiva.

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“Hay indicios de que es una persona violenta y no comunicó la desaparición de la agraviada”, dijo la jueza, al sustentar su decisión.

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