Juan Mora fue enviado seis meses al penal, de manera preventiva, por tener una escopeta sin licencia
Vecinos del centro poblado Cascajal, de Chimbote, Áncash, protestaron en contra de la decisión del Poder Judicial de enviarlo a la cárcel por seis meses, de manera preventiva, a un agricultor de ese sector. El ciudadano está acusado de portar una escopeta y municiones sin licencia.
La protesta tuvo lugar el jueves 8 en el frontis de la Unidad de Flagrancia Delictiva, de la Corte Superior de Justicia del Santa, en Nuevo Chimbote. Allí, una treintena de personas exigió la nulidad de la prisión preventiva dictada contra Juan Alberto Mora Moreno (58), a quien describieron como una “persona de bien”.
El 6 de enero, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria declaró fundado el pedido del Ministerio Público para enviar al mencionado agricultor medio año al penal de Cambio Puente, mientras es procesado por el delito de tenencia ilegal de armas. La decisión fue tomada por el juez Andrés Vargas Celis.
Con carteles como “Liberación para Juan Mora. No es ningún delincuente”, “Juez Vargas Celis Andrés no tiene criterio” o “¡Libertad Juan Mora Moreno!”, los ciudadanos llamaron la atención de la prensa. Dijeron ser vecinos y parientes de Mora, y dieron fe de que no era ningún delincuente.
DOS VERSIONES
Juan Moreno fue detenido la medianoche del 3 de enero por policías de Tambo Real, cuando caminaba “sospechosamente” por la Vía de Evitamiento, en Cascajal. Estaba encapuchado, portaba una carabina y tenía cinco cartuchos de perdigones calibre 16. Eso es lo que informó una nota de prensa de la Corte.
El agricultor dijo que el arma la usaba para vigilar su chacra, pero igual fue detenido por no tener licencia. Los vecinos de Santa Elisa, uno de los anexos de Cascajal, corroboraron esa versión y refutaron la nota de la Corte. Dijeron que el arresto fue a las 11 de la mañana y no estaba encapuchado.
“Pedimos al juez Vargas Celis que tome en cuenta eso, y por eso pedimos la libertad del señor. Porque él va a responder, es agricultor responsable y va a responder, pero en libertad”, dijo una vecina de Santa Elisa al periodista Nelson Vásquez.
LA LEY
El Código Penal del Perú sanciona hasta con 12 años de cárcel a quien tiene en su poder armas de fuego sin la debida autorización para ello. Así consta en el Artículo 279-G que a la letra señala lo siguiente:
“El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años”.
Cabe precisar que, tal como dijo una de las mujeres de la protesta, en el sector rural, donde la Policía no se da abasto para patrullar la zona por su amplitud, muchos pobladores poseen y usan armas de fuego para su defensa. La mayoría sin licencia.
(Redacción: Jorge Curibanco R.)
(Fotos: captura de video de Nelson Vásquez - Corte Superior del Santa)
