El proyecto especial omitió un decreto de urgencia y modificó rango de puntaje aprobado por el Osce.

El Proyecto Especial Chinecas no aplicó la normatividad vigente en tres procesos de selección del año 2022, lo que habría afectado la participación de los postores y generó el riesgo de que se asignen puntajes indebidos. Así lo determinó la Contraloría General de la República en sendos informes de hitos de control.

BOCATOMA LA VÍBORA

El primer caso es el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico del mejoramiento de la bocatoma La Víbora (adjudicación simplificada N.° 023-2022-GRA-P.E.Chinecas); valuado en 349 718 soles. Según el informe N.° 005-2022-OCI/3383-SCC, en las bases administrativas, Chinecas no incluyó la retención del 10 % como medio alternativo de garantía.

La retención está establecida en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N.° 020-2022 (13 de agosto de 2022). La norma permite que el postor ganador, en lugar de presentar la garantía de fiel cumplimiento (10 % del costo total), elija que se retenga ese monto de las valorizaciones.

Según la Contraloría, al no considerar el texto del decreto N.° 020 en las bases, Chinecas pudo haber afectado la “pluralidad de postores”, es decir limitó la participación de las empresas. Además, generó el riesgo de que se declare nulo el proceso de selección por esa misma razón.

En el mismo informe, el órgano de control señala que Chinecas habría modificado las bases estándar del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) para la puntuación del rubro Metodología Propuesta. En lugar de considerar solo dos opciones, el proyecto especial abrió hasta cinco categorías con puntajes distintos.

El Osce, en su directiva 001-2019-OSCE/CD, señala que la entidad que contrata debe indicar a los postores el contenido mínimo y las pautas para desarrollar la Metodología Propuesta. Luego, considerar solo dos opciones de calificación en sus bases: cumple o no cumple la metodología que sustenta la oferta.

La Contraloría pone en evidencia que Chinecas no siguió ese criterio, a pesar de que es obligatorio. Agrega que la manera en que calificó ese rubro “genera el riesgo de que la entidad pueda asignar puntajes indebidos a postores que no cumplan con el contenido mínimo”.

DOS CASOS MÁS

La Contraloría de la República detectó irregularidades idénticas (no considerar la retención del 10 % y la asignación de puntajes sin seguir el criterio del Osce) en las bases administrativas de otros dos procesos de selección. Así consta en los informes de control N.° 003-2022 y N.° 006-2022.

Uno de los procesos es el que se lanzó para contratar a la empresa que elaboró el expediente técnico del mejoramiento de los servicios de protección de las zonas críticas del río Santa, margen izquierda (concurso público N.° 004-2022-GRA-P.E.Chinecas). El procedimiento tuvo un valor estimado en 720 000 soles.

El otro procedimiento de selección es el referido a la contratación de la consultoría para la formulación del perfil del mejoramiento de las obras de arte de los sistemas hidráulicos La Huaca y La Víbora (adjudicación simplificada N.° 024-2022-GRA-P.E.Chinecas). El proceso tuvo un valor estimado de 399 440 soles.

En los dos procedimientos mencionados, así como en el que fue explicado al principio, el comité de selección estuvo presidido por el gerente de Estudios del proyecto Chinecas, Jorge Huarac Tobías. Además, el grupo estuvo integrado por las mismas personas.

La Contraloría recomendó en sus tres informes de control que se comunique al titular de Chinecas los hechos hallados y que éste indique en un plazo de cinco días hábiles los correctivos adoptados. Los documentos se emitieron en diciembre del año pasado.

SIN GARANTÍAS

Para el ingeniero agrícola Félix Vásquez Álvarez, lo hallado por la Contraloría siembra dudas sobre el trabajo de los funcionarios de Chinecas. “¿Qué garantías hay de que los próximos procesos de selección se hagan de manera plural para que vengan empresas especializadas?”, se preguntó en el programa Voz Campesina.

El especialista resaltó que a pesar de que los informes son de diciembre del año pasado, aún no se conoce si se aplicaron sanciones a los funcionarios. “No pueden haber omitido ni adulterado la normatividad y eso está penado. Los señores deben responder”, concluyó.

(Redacción El Ferrol)


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