El gobernador de Áncash: todos sus juicios, investigaciones y denuncias

Si pensaba que la condena por “tránsfuga” había sido el único lío judicial de Waldo Ríos Salcedo, está muy equivocado. El líder de “Puro Áncash” enfrenta tres procesos judiciales por su breve, pero ‘atropellado’ paso por la Alcaldía Provincial del Huaraz. Además, tiene dos investigaciones fiscales y una en camino por su bono de los 500 soles.

DEIVIS CASTRO T. / Enviado especial

EL TRANSFUGUISMO, emblemático caso congresal que marcó a Waldo Ríos Salcedo —recibió una condena de 4 años de prisión suspendida y la orden de pagar de una reparación civil de 1 millón de soles)— no es el único antecedente de corrupción que pesa sobre los hombros del ahora gobernador regional. En su vida política ha acumulado varios procesos que lo podrían llevar a la cárcel hasta por 15 años.

La Gobernación Regional de Áncash es la tercera encargatura pública que asume Waldo Ríos. En 1999 se convirtió en alcalde provincial de Huaraz por la agrupación Movimiento Independiente Salvemos Huaraz. Al año siguiente se convirtió en congresista por el Frente Independiente Moralizador (FIM). Y este año, el 25 de mayo, con 59 años de edad, el autodenominado “Padre del canon minero” acaba de asumir el cargo de gobernador de Áncash, tras ganar las Elecciones Regionales y Municipales 2014 como candidato del movimiento regional Puro Áncash.

Precisamente, en esta última elección llamó la atención que Ríos ganara a pesar de que se hizo público que fue condenado por corrupción, específicamente por transfuguismo: el año 2000, Waldo Ríos abandonó las filas del FIM para sumarse al fujimorismo (Perú 2000), previo soborno de 10 mil dólares que recibió de manos de Vladimiro Montesinos Torres. Aquella vez el otrora congresista firmó un recibo, una carta y un compromiso de honor al entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori.
Pero eso no era todo. Antes de ser congresista y tránsfuga, Waldo Ríos cometió otras presuntas irregularidades durante su mandato como alcalde de Huaraz (de inicios de 1999 al primer trimestre de 2000), específicamente en la ejecución de diversas obras en la modalidad de administración directa, financiadas con un préstamo de 3 millones de nuevos soles del Banco de la Nación.

Las irregularidades en la administración de dicho dinero le costaron múltiples denuncias que aún se ventilan en la Corte Superior de Justicia de Áncash. A esto se suman dos investigaciones fiscales por la procedencia del dinero de los donantes que pagaron la reparación civil que adeudaba al Estado y por la juramentación incorrecta a su cargo como gobernador.

Revisemos juntos el pasado del señor Ríos y quizá eso nos dé una idea de cuál puede ser el resultado de su mandato como gobernador regional.

1. CASO ELECTRIFICACIÓN

Este proceso se encuentra en etapa de juicio oral y se ventila en la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte de Huaraz. El Ministerio Público acusa a Waldo Ríos de los delitos de peculado, malversación de fondos, falsificación de documentos y colusión desleal, por lo que está solicitando 15 años de cárcel para el exalcalde huaracino, así como para los cómplices. Esta es la pena más fuerte que se solicita contra el ahora gobernador regional.
De acuerdo al expediente judicial N° 378-2001, el entonces alcalde Waldo Ríos desarrolló hasta siete obras de electrificación en parques, avenidas y plazuelas de manera precipitada y deficiente, según la Fiscalía, con la única finalidad de obtener el respaldo popular que le permitiese alzarse como congresista.

Para su cometido, contrató en dos oportunidades bajo la modalidad de locación de servicios (a fines de 1999 y a inicios de 2000) al empresario Joaquín Santiago Romero, a quien designó como personal de apoyo en la División de Servicios Técnicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, que en ese entonces estaba a cargo de Rafael Suito Saco-Vertiz. Ambos personajes, Suito y Santiago, están incluidos en este proceso.

Waldo Ríos y Rafael Suito encargaron a Joaquín Santiago la realización de siete expedientes técnicos de electrificación, y a la vez entregaron la buena pro del abastecimiento total de los materiales para la ejecución de dichos expedientes a la empresa de Santiago, pese a que ello está prohibido de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) reveló que la empresa (Eltesu) solo estuvo vigente durante el tiempo en que licitó —pese a que no tenía el permiso para contratar con el Estado— con la municipalidad de Huaraz.

Eltesu, luego denominada J.S.R. Inversiones S.R.L., emitió hasta 12 facturas continuas sin ningún orden cronológico por un monto total de 352 mil 241nuevos soles, de los cuales algunos productos (como lámparas, cintas de seguridad, pintura y otros) nunca ingresaron al almacén de la comuna ni se emplearon en las obras, según determinó un peritaje de visualización ordenado por el Ministerio Público. El agravio económico contra la municipalidad se desconoce, pues recién se ha planteado a la Sala Penal Liquidadora la realización de un peritaje contable.

Aunque en sus declaraciones Waldo Ríos niega haber tenido responsabilidad en los delitos imputados, argumentando que como alcalde no podía estar al tanto de todo lo que pasaba en las obras, la Fiscalía determinó que las irregularidades eran cometidas bajo su conocimiento, pues fue él quien contrató a Joaquín Santiago y algunos de los productos —como la pintura de las obras— fueron empleados en su campaña proselitista al Congreso.

Increíblemente, un 20 de diciembre de 2005, la Corte de Huaraz absolvió a Ríos y coprocesados, pero tras el pedido de nulidad que elevó la Fiscalía Superior, la Sala Penal Transitoria dejó sin efecto la absolución al “Padre del canon” un 7 de junio de 2007 y ordenó que se desarrolle nuevamente el juicio oral, proceso que recién se ha retomado en los primeros días de este año.

El reinicio de este proceso no ha resultado tan desfavorable para los imputados, pues han conseguido la prescripción de dos delitos malversación de fondos y falsificación de documentos, por el tiempo transcurrido desde que se supone se cometieron: hace 14 años con 6 meses. Los delitos que aún quedan son: peculado y colusión desleal.

2. CASO MERCADO POPULAR

Este proceso también se encuentra en etapa de juicio oral y se ventila en la misma Sala Penal. El Ministerio Público acusa a Waldo Ríos de los delitos de peculado, malversación de fondos y concusión por lo que está solicitando 6 años de cárcel para el exalcalde, además de una reparación civil de 20 mil nuevos soles.

Según el expediente judicial N° 1159-2001, Ríos Salcedo se habría apropiado de la mitad del presupuesto designado para la ejecución del Mercado Popular. Inicialmente, la obra se cotizaba en 889 mil 434 nuevos soles, pero tras el préstamo del Banco de la Nación, el entonces alcalde justificó con documentos que se había invertido en dicha obra 914 mil 490 nuevos soles.

Sin embargo, un informe de preliquidación concluye que se invirtieron 486 mil 533 nuevos soles en la obra y lo restante (S/.427, 957) no está justificado ni como ingresos ni egresos de la comuna. Por esta razón, la Fiscalía sostiene que Waldo Ríos se apropió del dinero no empleado.

Ríos también se habría apropiado de 921 nuevos soles que recibió en dos oportunidades para viajar a Lima (según comprobantes de pago N° 0207 y N° 0934 de marzo y julio de 1999, respectivamente) para recibir una donación de un instituto español de salud y en la segunda ocasión para presentarse ante la Contraloría General de la República. En ninguno de los casos reportó los beneficios para la municipalidad ni justificó los gastos.

Para sorpresa de los huaracinos, el 27de agosto de 2009 la Primera Sala Penal de la Corte de Áncash emitió sentencia absolutoria a favor de Ríos, pero dicha absolución quedó nula el 16 de noviembre de 2011, tras el pronunciamiento de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que ordenó la realización de un nuevo juicio oral.

Dicha etapa procesal debió reiniciarse el 3 de septiembre del año pasado, pero fue reprogramada para el 7 de julio de este año, fecha en la que el abogado de Ríos, Ricardo Anaya, pidió la prescripción de los delitos y la audiencia se reprogramó. El pronunciamiento de la Sala se sabrá el 20 del corriente a las 11 de la mañana.

3. CASO MUNICIPALES EN TRABAJOS PARTICULARES

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